
El acceso a la justicia requiere no solo la posibilidad de acudir a un tribunal, sino la capacidad de comprender sus decisiones. En España, la Ley 6/2022 establece la accesibilidad cognitiva como un derecho, promoviendo el uso de la lectura fácil (LF). Sin embargo, la saturación del sistema judicial hace inviable la adaptación manual masiva de sentencias. La inteligencia artificial generativa (GenIA) surge como una solución potencial, pero su aplicación en justicia es clasificada como de «alto riesgo» por el Reglamento de IA de la UE debido a problemas como las alucinaciones y la falta de explicabilidad. Este trabajo analiza dichos desafíos técnicos y jurídicos, proponiendo una arquitectura de fiabilidad basada en tres requisitos innegociables: anclaje factual con trazabilidad documental, supervisión humana obligatoria y segregación funcional de roles. El objetivo es definir un estándar que permita automatizar la simplificación del lenguaje jurídico sin comprometer el rigor legal ni las garantías procesales.